La acción de protección es un mecanismo legal típico de algunos sistemas jurídicos, como el ecuatoriano, que tiene como finalidad la protección inmediata y directa de los derechos constitucionales, ante violaciones o amenazas de violaciones por actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares. Es una garantía jurisdiccional que busca restablecer los derechos de las personas cuando estos han sido transgredidos o están en riesgo de serlo, garantizando así una tutela efectiva de los derechos.

 En el caso de Ecuador, la acción de protección está prevista en la Constitución de la República y es un recurso rápido y efectivo que cualquier persona puede ejercer ante la jurisdicción ordinaria para obtener una respuesta inmediata frente a violaciones de derechos constitucionales, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponder. Su procedimiento está diseñado para ser ágil y sencillo, con el objetivo de brindar una protección efectiva en el menor tiempo posible.

Esta acción está encaminada en proteger los derechos fundamentales que son aquellos derechos que se consideran esenciales para la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, y que generalmente están protegidos por la propia Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y la legislación ordinaria. Incluyen derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de religión. También pueden incluir derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la educación, entre otros.

 Finalmente, es importante indicar que la Corte Constitucional ha identificado derechos fundamentales, derechos adquiridos y derechos innominados, siendo todos ellos exigibles mediante acción de protección en caso de su vulneración.